Diputado de EAJ-PNV, perteneciente al intergrupo de apoyo al pueblo saharaui en el Congreso
Es cierto que es deseable que la relación entre España y Marruecos sea privilegiada, pero también es cierto que la omisión del ‘factor saharaui’ merece una severa crítica y reprobación
Con la retórica lógica para el reforzamiento de relaciones entre ambos países con ocasión del vigésimo aniversario de la llegada al trono del monarca Alaui, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, firmaba el día 30 de julio un artículo en el diario El País que, bajo el bienintencionado objetivo de impulsar las “relaciones estratégicas entre Marruecos y España”, desbroza diferentes vínculos e intereses coincidentes entre ambos Estados y sociedades. Destaca el importante papel estratégico que juega el reino de Marruecos a fin de dotar de estabilidad al Mediterráneo occidental, su importante papel en materia migratoria y de lucha antiterrorista, así como la relevancia de los intereses compartidos, para lo que no duda en señalar que su Gobierno ha impulsado ante la UE la definición de un nuevo marco de cooperación política y financiera.
Nada que reprochar sobre dicho relato, con el que no resulta difícil coincidir.
El problema surge cuando aborda a continuación la implicación activa de España en la negociación y posterior aprobación del acuerdo agrícola y de pesca entre la UE y el reino de Marruecos, o más bien de la omisión de varios aspectos esenciales de la responsabilidad que corresponde al Estado desde el derecho internacional y desde el derecho interno español.
De los 17 territorios no autónomos existentes en todo el mundo que necesitan una autoridad administradora, únicamente en el caso del Sahara la autoridad administradora de derecho, que es España -quien nunca ha sido relevada por el derecho internacional de sus responsabilidades como antigua potencia colonizadora-, no coincide con quien la está administrando y ocupando de facto, que es Marruecos. Y es en dicho contexto donde se produce una situación, no solo de ceguera ante reiteradas denuncias de violación de Derechos Humanos, sino de ignorancia tanto de su papel en el ámbito del derecho de los saharauis a su autodeterminación, como incluso de las resoluciones del Tribunal Europeo de Justicia, quien dictaminó la invalidez de los acuerdos entre la UE y el reino de Marruecos que afectaran a recursos del territorio saharaui por no existir una consulta efectiva con quienes siguen siendo únicos legitimados para decidir sobre su territorio: el pueblo saharaui.
Es cierto que resulta deseable que la relación entre España y Marruecos sea privilegiada por todos los factores enunciados por el presidente de Gobierno en funciones, pero es igualmente cierto que dicha omisión del “factor saharaui” merece una severa crítica y reprobación. No se puede obviar esa responsabilidad ni formular el debate en términos de dicotomía entre la defensa de los intereses comerciales propios y la de los derechos fundamentales de la población saharaui, a quienes los sucesivos gobiernos españoles han abandonado de facto hace ya demasiado tiempo. Aquella decisión, al margen incluso de su ilegalidad internacional -el abandono declarado por España en 1976 nunca fue reconocido por las Naciones Unidas, que sigue tratando a España como potencia colonial-, es inadmisible desde el punto de vista ético, jurídico y político, y debe merecer otro tratamiento. Y lo que es peor, con la sustitución de la Comisaria Mogherini por el sr. Borrell en las funciones de alto comisario de la UE para su política exterior, no cabe vaticinar una mejora en dicho déficit de atención española e internacional, sino su agudización a pesar de los reiterados pronunciamientos judiciales. Ese es el auténtico agujero negro de la diplomacia española en sus relaciones con el Reino de Marruecos, que aquel artículo no hubiera debido ocultar.
(Deia)