Tres violaciones a manos de policías en menos de un mes han provocado la reacción del movimiento feminista. Una marcha con un par de cristales rotos y un cargo público manchado con brillantina generó el enfado de las autoridades, que ubicaron en términos de orden público el hartazgo de las mujeres
Lunes 11, pasan algunos minutos de las 13.30 horas. Una manifestación feminista está a punto de comenzar ante las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Su principal responsable, Jesús Orta, sale ante los medios. Dice querer dialogar con las descontentas, un grupo de aproximadamente medio millar de mujeres. De repente, le cae un puñado de brillantina morada en la cara y el hombro. El funcionario, con gesto digno, regresa por donde ha venido y dice que no hay condiciones para hablar. Minutos después, la marcha alcanza la sede de la Procuraduría General del Estado (algo así como la fiscalía). Allí, las consignas de «no me cuidan, me violan», pasan a la acción directa. Algunas mujeres, con el rostro tapado, rompen los cristales de la entrada del edificio. También realizan pintadas contra la Policía y contra la impunidad.
La protesta genera la rapidísima reacción de las principales autoridades de la megalópolis. A través de Twitter, la procuradora, Ernestina Godoy, anuncia investigaciones por los desperfectos. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, califica la marcha de «provocación» y reivindica que ellos «no actuarán igual».
En redes sociales, en medios de comunicación, se genera un fuerte debate. Por un lado, activistas que reivindican la legitimidad de la protesta. Cuestionan que las funcionarias públicas salgan rápidamente ante la prensa para criticar un cristal roto, pero no mostrasen tanta urgencia ante los hechos que provocaron la protesta: tres violaciones a manos de presuntos policías en el plazo de un mes. Los detractores de la acción, también desde el campo progresista, argumentan que el descontento había derivado en «vandalismo». Que esa no es manera de mostrar el enfado, aunque su reivindicación sea legítima.
El eterno debate de las formas y el fondo enmarcado en la lucha feminista en el México actual, el país que encabeza la lista de feminicidios de América Latina. El país en el que, según la ONU, cada día matan a ocho mujeres. El país en el que la impunidad, para cualquier delito supera el 90%. El país en el que una mujer puede tomar un taxi para volver a casa y aparecer muerta en un descampado.
La sucesión de tragedias que llevan a la protesta es reflejo del México actual. De ese México hostil para las mujeres.
El 10 de junio, dos agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México arrestaron a una indigente en la colonia Tabacalera, muy cerca del centro histórico. La subieron a un hotel y la violaron. Los policías quedaron en libertad y no fue hasta dos días después cuando se presentó una orden de captura contra uno de ellos. Todavía no ha sido detenido.
- El Gobierno habla de provocación.
El 17 de julio, una joven de 17 años se dirigía hacia su casa en Azcapotzalco, una de las alcaldías de la megalópolis. La dejaron a dos calles de su domicilio. Distancia suficiente para que cuatro policías la introdujesen en su coche patrulla y la violasen, según la denuncia que presentó. Los datos de la víctima se hicieron públicos, lo que provocó el temor de la joven y que decidiese no ratificar la querella. El sistema penal mexicano obliga a esa ratificación, así que los cuatro policías podrían quedar exonerados por la mala praxis de la Fiscalía, que expuso a la víctima ante los presuntos violadores. México es el lugar en el que 33.341 personas fueron asesinadas en 2018.
La Fiscalía asegura que mantiene comunicación con la víctima y que espera poder entrevistarse con ella. Parece lógico que esta no se fíe. Que sus datos fuesen expuestos no es cosa para tomar a broma en el país en el que el crimen organizado tiene presencia en cualquier grupo de uniformados.
Por último, el 9 de agosto, un guardia de seguridad del Museo de la Fotografía (pero que está adscrito a la policía municipal de la capital), violó a una menor de 16 años en estas instalaciones. La joven realizaba allí sus tareas de trabajo social cuando fue agredida. El policía fue detenido y procesado.
«Con esta serie de acciones negligentes están lanzando un mensaje muy potente», denuncia Raquel Ramírez Salgado, doctora en Análisis de Comunicación y activista feminista. «Hablamos de una narrativa en la que el gobierno de la Ciudad de México no va a priorizar los derechos humanos de mujeres y niñas», critica.
Fue en ese contexto en el que el colectivo Resistencia Femme organizó la protesta desde la Secretaría de Seguridad hasta la Procuraduría. No era solo el incremento de las agresiones. Era que estas las protagonizaban funcionarios públicos y que las incompetencias de las autoridades estaban facilitando su impunidad.
El debate, sin embargo, se ha centrado en la brillantina y el cristal roto. En el orden público en una manifestación y no en los motivos que había para el descontento.
No se puede obviar la dura reacción de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. «Esto es una provocación; querían que el gobierno utilizara métodos violentos, igual que los que ellos usaron y nosotros por ningún motivo vamos a caer en provocaciones», remarcó.
Insistió en que no quieren la «impunidad» y que perseguirán las violaciones, pero se centró en cuestionar la protesta. «No se fabricarán culpables», dijo, sobre la violación a manos de cuatro presuntos policías.
Es cierto que en México ha sido habitual que las autoridades, presionadas por la opinión pública ante algún crimen especialmente mediático, siembren pruebas contra algún chivo expiatorio que termina exculpado tiempo después.
Sin embargo, aquí hablamos de otra cosa. Hablamos de que los agentes fueron señalados por la víctima y que si su denuncia no se ratificó fue por la filtración de sus datos.
En cualquier caso, hay dos carpetas de investigación abiertas. Una, por la violación. Otra, contra las feministas que participaron en la protesta. Habrá que ver si termina por ordenarse una detención y qué consecuencias tendría para las organizaciones sociales.
El enfado de los colectivos feministas de la Ciudad de México ha venido incrementándose en los últimos años. Un punto de inflexión tuvo lugar en 2017, cuando el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y otras organizaciones sociales pidieron al gobierno federal que se instaurase la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Se trata de un mecanismo específico que se pone en marcha a petición de víctimas o de organizaciones sociales.
En este caso, se puso en marcha el proceso al detectar que en siete meses entre 2016 y 2017 se habían registrado 101 feminicidios. Dos años después, en junio de 2019, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) decidió no aplicar esta medida. Sus promotores, así como mujeres pertenecientes al grupo de trabajo que debía abordar el tema, denunciaron que se trató de una decisión más política que técnica: las instituciones no querían reconocer el nivel de riesgo al que se había llegado en la megalópolis.
- «Causa legítima, las formas no».
«Se han registrado desapariciones de mujeres jóvenes, feminicidios, es un hecho que no se da prioridad a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es lamentable», denuncia Raquel Ramírez Salgado.
Otro de los puntos de fricción son los recortes. Una de las líneas de trabajo del gobierno de López Obrador es lo que denomina «austeridad republicana». Se trata de eliminar gastos superfluos que, en administraciones anteriores, se ligaban a la corrupción. El problema es que los hachazos al presupuesto afectaron a dotaciones clave como los albergues para mujeres víctimas de violencia. Esto ha provocado el cierre de alguna de estas instituciones, que atienden a afectadas por ataques machistas.
La respuesta de la administración hacia el enfado feminista va, por el momento, en dos vías. Por un lado, Sheinbaum anunció que seis policías han sido apartados del servicio por estar señalados por casos de acoso sexual. Hay que recordar que durante todo el mes los agentes señalados por la violación de Azcapotzalco siguieron en sus puestos porque no habían sido oficialmente imputados ya que la menor no quiso ratificar la denuncia por haber sido identificada.
Al tiempo que trata de aplacar el creciente enfado, insiste en la teoría de la provocación. En declaraciones posteriores, la jefa de Gobierno aseguró haber visto «infiltrados» en la marcha.
En la misma línea, el secretario de Seguridad Pública Jesús Orta, dijo que «creo que la causa que traen es muy legítima, pero las formas no, y me parece que es imposible tener un diálogo si no hay voluntad para ello. Lo que advertí es que son grupos que no están buscando justicia para un caso en particular, estaban tomando una causa en la que históricamente han luchado, eso es lo que valoro».
Parece que la Administración está calculando mucho sus próximos pasos. Habrá que ver si sirve para reconducir la relación con el movimiento feminista. Los escalofriantes datos de feminicidios y de impunidad obligan a algo más que buenas palabras. Especialmente, si los responsables de las agresiones son funcionarios públicos.
Este viernes hay convocada otra protesta, esta vez en la glorieta de Insurgentes. La brillantina morada se ha convertido en símbolo de rebelión contra unas instituciones que no protegen a la mitad de su población.
(Alberto Pradilla, Gara)