Los principios no pueden ser más simples: los civiles no deben ser objetivo militar
La IV Convención de Ginebra cumplió ayer 70 años y no ha dejado de ser violada un solo día desde que fuera una joven promesa en el teatro internacional. Promesa porque, sobre las cenizas de Europa y de los territorios del Pacífico igualmente arrasados, con su colofón atómico, se esperaba en 1949 superar una idea abstracta de la guerra y proteger por fin a la población civil.
El arma nuclear no fue prohibida pero se trataba al menos de establecer ciertas leyes para la guerra, lo que significa no tanto legalizarla (se asumía que es un fenómeno consustancial a los hombres) como ponerle algunos límites. Pero éstos son sistemáticamente sobrepasados.
Las reuniones en Ginebra duraron varios días, hasta que el convenio se firmó el 12 de agosto de 1949. Hoy lo suscriben la práctica totalidad de los estados miembros de las Naciones Unidas. Las convenciones anteriores, en 1864, 1906 y 1929, hacían referencia sólo a los soldados –heridos, enfermos, prisioneros o náufragos– y partían de los conceptos humanitarios del suizo Henri Dunant, fundador del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Con todo aquel paquete aprobado, la Sociedad de Naciones y la propia institución creada para auxiliar a los combatientes de cualquier bando fueron puestas a prueba con la invasión de Etiopía por la Italia fascista, en noviembre de 1935: la pasividad del CICR ante el uso de gas mostaza contra la población civil fue especialmente notoria, sobre todo porque ya existían dos precedentes –España en el Rif y Gran Bretaña en Irak– y por el hecho de que este arma había sido prohibida en 1925. Tras Etiopía, Madrid, Barcelona, otras ciudades del levante español y, emblemáticamente, Guernika, abrieron la puerta al blitz alemán sobre Londres, a los bombardeos en alfombra sobre Alemania, a Hiroshima y, en una conspiración de silencio aún mayor, al propio Holocausto. La po- blación civil había quedado excluida de las leyes de la guerra.
Los principios de la IV Convención no pueden ser más simples: los civiles no deben ser objetivo militar, los hospitales y el personal humanitario no pueden ser atacados, los civiles tienen que poder salir de las zonas de conflicto y los humanitarios tienen que poder entrar, la tortura y los malos tratos quedan prohibidos... Todo esto está hoy teóricamente asumido y en la práctica es rutinariamente incumplido. Por ejemplo, sólo en el 2019 han perdido la vida 126 humanitarios, 400 han sufrido serios ataques, y en los últimos años hospitales en Afganistán, Siria, Gaza o Yemen han sido bombardeados, en algunos casos de forma reiterada. También escuelas, mercados, factorías de alimentos, viviendas e incluso concentraciones humanas como bodas y funerales. Todo esto ha venido ocurriendo desde la primera guerra posterior a la IV Convención, la de Corea, a que siguieron las de Vietnam, las dos guerras del Golfo..., y así hasta las más recientes.
Pese a todo, y aunque lentamente, las convenciones de Ginebra han seguido avanzando. En 1977 se añadieron nuevos protocolos, que contemplan dos elementos hoy fundamentales: los derechos de la población civil en territorios ocupados (caso de Palestina y la dejación de responsabilidades, y violación de derechos por parte de Israel) y las guerras civiles, incluidas aquellas (de hecho lo son prácticamente todas) en que intervienen otros estados, como las de Siria y Yemen.
En 1995, tras las matanzas en Ruanda y en la antigua Yugoslavia, quedaron desarrollados los conceptos de genocidio y de limpieza étnica, y con ellos, una nueva doctrina de prevención, llamada Responsabilidad de Proteger (R2P, en su acrónimo en inglés), que fue asumida por todos los miembros de las Naciones Unidas en el 2005. Se aplicó una sola vez, en Libia en el 2011, pero de tal forma que vulneró resoluciones de la ONU, motivo por el que tampoco se pudo utilizar luego en Siria. Estos tropiezos no la invalidan, sin embargo, como tampoco las violaciones de la IV Convención menoscaban la prevalencia de lo que es su corolario: el derecho internacional humanitario.
La aparición de nuevas y grandes organizaciones armadas, como los talibanes o el Estado Islámico, han vuelto a poner en cuestión la vigencia de Ginebra, con la batalla de Mosul como su más claro ejemplo. Después de 70 años, y teniendo en cuenta que las enmiendas citadas ya no son tan recientes, una revisión siempre sería deseable. La próxima conferencia internacional del CICR,en diciembre, puede ser una oportunidad.
(Félix Flores, La Vanguardia)